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La violación de derechos humanos por la presencia militar en la seguridad pública. Un análisis jurídico de la implicación de la Guardia Nacional en México
La Guardia Nacional (GN) es una institución de seguridad pública que inicialmente fue pensada como un órgano de “carácter civil”; cuyo entrenamiento y disciplina quedaban bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Así, a pesar de su naturaleza desconcentrada dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de seguir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la administración y operación recae en la SEDENA, supervisada por el comandante Operativo de la GN. México tiene una historia marcada por graves violaciones a los derechos humanos, como lo demuestra la legislación, jurisprudencia, informes y demás. La presencia militar en tareas de seguridad nacional ha generado preocupaciones acerca de la dignidad humana y el uso excesivo de la fuerza; por los altos riesgos de que con ella se induzca a un aumento de casos de tortura y malos tratos en todo el país. La creación de la GN refuerza la estrategia de uso de la fuerza y militarización, ya que desplaza a la policía federal y forma un cuerpo así compuesto por expertos en estrategias de control y armamento militar. Es notable que, a pesar del historial de violaciones a los derechos humanos en México, la solución sea una Guardia Nacional de naturaleza predominantemente militar, en un inicio y más recientemente con una índole marcada y total en ese sentido. Además, desde una perspectiva constitucional, esta decisión es problemática, ya que la Constitución -vigente desde 1917- reserva las funciones de “seguridad pública” a instituciones civiles, como la policía federal y las policías locales. Por lo tanto, otorgar el control operativo y administrativo de esta entidad de seguridad a la SEDENA va en contra de lo establecido en la Constitución. Al analizar las normas que rigen a la GN desde una perspectiva legal-constitucional, se advierte que tanto la población como los propios miembros de la corporación están en riesgo; ya que, al actuar bajo criterios de obediencia, no sólo no podrían ser juzgados según los códigos penales de la jurisdicción civil, sino quedar atrapados y supeditados al llamado fuero militar. En efecto, la apuesta institucional del actual gobierno que está a punto de concluir y su sucesora del mismo partido en el Ejecutivo van incluso más allá: impulsaron y establecieron una reforma constitucional en ello.
Universidad Internacional Iberoamericana México
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Social Sciences
Ciencias Sociales