Análisis Económico de la Política Anticorrupción en Honduras, período 2015-2020

Raul Ivan Chavez Baca

Resumen:

En el período 2015-2020 los actos de corrupción en Honduras equivalieron más del 100% de su presupuesto general aprobado para el 2020. Esta situación ocurrió en el contexto de la implementación desde el 2012 de la denominada “Política Integral Anticorrupción de Honduras” (PIAH) cuyos objetivos generales y específicos se proyectó ser alcanzados antes del 2030, por lo que esta situación paradójica justifica evaluar la capacidad del sistema de control anticorrupción del Estado hondureño para disuadirla mediante la aplicación del derecho penal en relación con el lineamiento estratégico de juzgamiento y sanción de la política en mención. Para tal efecto se escogió el Análisis Económico del Derecho como herramienta, específicamente el modelo de disuasión criminal de Gary Becker (1968) fundamentado en el cálculo de probabilidades de las variables integrantes de todo sistema penal como ser la de investigación, enjuiciamiento, condena y ejecución de la condena, lo que junto con la gravedad de la pena así como de los costos y beneficios que el delito le significan al delincuente junto con la aplicación de la teoría de los juegos permitió evaluar objetivamente la capacidad del sistema penal de Honduras para disuadir la corrupción con base en la razonabilidad económica y en la influencia que ejercen las instituciones tanto en la percepción como en los comportamientos que en sociedad se asumen frente al problema. Los resultados demostraron que la falta de eficacia de la política integral anticorrupción de Honduras se debe tanto a una muy baja disuasión para los funcionarios como al hecho de que sus medidas de control se enfocan exclusivamente al sector público como consecuencia de un reduccionismo moral y ético del problema, constituyendo esta investigación una base científica para una política anticorrupción basada en reducir los costos sociales de la corrupción aumentado los costos de prevención.